BUENOS AIRES.- La Justicia Federal porteña ratificó ayer el procesamiento dictado contra ex funcionarios y ex empresarios responsables de la concesión del servicio de pasajeros del tren Sarmiento, que sufrió un accidente en la estación Once, el 22 de febrero de 2012.
Mientras la Justicia avanza con el proceso, los políticos se enfrentan como chicos por ver quién hizo más en materia de transporte. Florencio Randazzo (ministro de Interior y Transporte de la Nación) y Mauricio Macri (jefe de Gobierno porteño) suben a un ring dialéctico, cruzando ataques y defensas (ver "Desafío a Macri...).
Respecto de la actuación judicial, la Cámara Federal porteña ratificó los procesamientos contra los ex funcionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y los empresarios Sergio y Mario Cirigliano por la tragedia que le costó la vida a 51 personas y heridas a otras 800, que viajaban en un convoy del tren Sarmiento. El cuerpo impuso embargos a los imputados por $ 600 millones. Procesó, además, al maquinista Marcos Antonio Córdoba, y al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro, quienes estaban sobreseidos en la causa. Además, modificó la calificación legal por la de "estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
Para la Cámara, "no caben dudas en cuanto a que (los ex funcionarios) se encontraban en conocimiento del contrato y de las graves deficiencias que rodeaban la prestación del servicio (1995-2012) por parte de la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), pese a lo cual permitieron su continuidad sin adoptar medida alguna tendiente a modificar la vergonzosa realidad".
Sobre Córdoba, el fallo evalúa que "más allá del estado de la formación, en derredor del nombrado se alzan una serie de constancias que impiden sostener que actuó con la diligencia debida en la conducción de la formación". A Sícaro le cuestiona que, "a tenor de sus concretas facultades, no hubiese adoptado otras tantas decisiones concretas y efectivas para evitar que una formación saliera a las vías en las condiciones en que se encontraba el tren" siniestrado.
La tragedia fue consecuencia, según los camaristas, de "una concatenación de eventos" en la que se combinaron "una negligencia en la conducción y el estado del tren siniestrado". Por eso, el fallo dispuso imputar también a Antonio Luna (ex subsecretario de Transporte Ferroviario) y al también ex titular de la CNRT, Pedro Ochoa Romero, todos por una misma figura delictiva.
Responsables
La resolución extiende la investigación a todos los secretarios y subsecretarios de Transporte y de la CNRT que se desempeñaron desde el inicio de la concesión (1995), pero que no fueron incluidos en la pesquisa, y recomienda a Bonadío que avance hacia el juicio oral.
Cuestionaron con severidad la forma en que TBA brindaba el servicio, desprolijidades en la comunicación de fallas y la forma inadecuadas y peligrosas de gerenciamiento. Además, incluye un reproche a las autoridades públicas y los empresarios, que acceden a servicios como el ferroviario, a extremar los recaudos para garantizar el adecuado funcionamiento. (DyN)